Representar e informar

 Zoé Robledo*

En tiempos que todavía se recuerdan sin mayores nostalgias o que, de plano, son recurrentes, la tarea de informar se reservaba a uno de los poderes nacionales. Se trataba del Poder Ejecutivo, tanto de la federación como de las entidades y ese ritual se repetía puntual y reiterativamente. Eran días de un sólo mando y con un informe de esa instancia era más que suficiente.

Con que informara el Poder Ejecutivo era suficiente, porque en ese Poder se encontraba la cima de la autoridad y la tarea de gobernar se circunscribía en esa instancia. Los informes eran un ritual previsible y, por eso mismo, lejano a los intereses de la ciudadanía que, a su vez, se mostraba indiferente o aceptaba los eventos de manera pasiva, en el mejor de los casos.

Era así, porque los poderes Legislativo y Judicial tenían presencias más o menos testimoniales. Por eso mismo, no había mucho material para dar a conocer a los habitantes del país, o de la entidad o del distrito en el caso de los senadores o diputados. Al ser de perfil bajo, el Legislativo y el Judicial se sombreaban en el poder principal: el Ejecutivo. El presidente de la República y los gobernadores daban a conocer el estado de la administración pública sin mayores respuestas por parte de los poderes restantes: ni a favor ni, mucho menos, en contra.

Ahora bien, cuando el Poder Ejecutivo deja de ser omnímodo, inclusive cuando se trata de un proceso evolutivo de largo o mediano plazo, los poderes Legislativo y Judicial, e incluso los organismos autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el Instituto Federal Electoral, van acumulando nuevas atribuciones reales y, por eso mismo, es necesario que las acciones realizadas sean del conocimiento de los ciudadanos de la jurisdicción respectiva. Ahora, para decirlo brevemente, hay algo más que se hace y que debe ser del conocimiento público. Informar es hacer, para usar las palabras de Daniel Cosía Villegas, "público lo que es público" y ese acto es un ingrediente vital para la vida del país o de las entidades federativas. Es un deber republicano y es una acción por la democracia.

Afortunadamente, en el caso del Congreso de la Unión, se ha evolucionado y tanto los diputados federales como lo senadores son un factor de decisión política en todos los sentidos. En el Congreso se debate en torno a los grandes problemas nacionales y se construyen los acuerdos que imponen las necesidades del país. La tarea de conciliar los intereses no siempre es fácil, dado que las distintas fuerzas políticas de la Nación se corresponden con diversos intereses y percepciones en torno a la realidad de los mexicanos. No es fácil, pero la diversidad es un signo de la libertad y de la democracia. Sin pluralidad no hay presencia de los mexicanos reales.

En el Senado de la República se han analizado durante el último año importantes reformas. Algunos senadores han defendido, de manera intensa, el interés de distintos segmentos de la sociedad mexicana ante las diversas propuestas. En mi caso, tuve una oposición frontal al incremento de impuestos que ahondaran la desigualdad, me opuse a la aplicación del IVA (Impuesto al Valor Agregado) para los alimentos y las medicinas, así como también a la homologación del IVA en las regiones fronterizas del territorio mexicano.

Estos asuntos son decisivos en la vida de los mexicanos y de los chiapanecos y requieren un esfuerzo amplio y profundo. Contra lo que con frecuencia se afirma, la tarea legislativa no es "descansada", ni siempre glamorosa. Implica, para una labor legislativa profesional, amplias horas de estudio, de análisis y de construcción de acuerdos y, también antesalas y reuniones para gestionarlos múltiples problemas y necesidades que plantean los ciudadanos y sus organizaciones.

Por eso mismo, los ciudadanos de todo el país tienen derecho a ser informados. Necesitan saber sobre los logros y también requieren de una explicación cuando no ha sido posible atender positivamente alguno de sus planteamientos. El legislador no puede operar programas ni atender directamente las peticiones; sin embargo, tiene la tarea de ser gestor de la ciudadanía.

El deber de informar debe ser cumplido en una modalidad republicana. Debe llegar a la ciudadanía sin gastos superfluos, ni amontonamientos innecesarios. Es buena, desde luego, la competencia política, pero ésta debe darse de acuerdo con las nuevas circunstancias del país y de nuestras entidades federativas. Especialmente en el caso de Chiapas.

Los desplantes multitudinarios son parte de una historia que debemos tener en cuenta para no repetirla. Es tiempo de pasar, en la manera de hacer política, de las multitudes anónimas a los ciudadanos enterados. Es bueno reunirse con los ciudadanos de manera directa y afectuosa, pero no limitar el mester político a eventos sin finalidades específicas. Es tiempo de informar y de hacerlo a la manera moderna y republicana. Es tiempo de dar a conocer realidades y de dejar a un lado las simulaciones o los disimulos.



*El autor es senador del PRD por Chiapas.

Energéticos: transparencia y decisiones nacionales

ZOÉ ROBLEDO*

El asunto de la Reforma Energética es uno de los más importantes en la vida de los mexicanos en estos meses y años. Por eso mismo es un tema recurrente que nos obliga a hacer consideraciones que se van acumulando y que espero sean insumos para construir una opinión con mayores consistencias. 

En el asunto del petróleo y demás energéticos debemos ir con mucho cuidado. Sobre todo, porque los energéticos en el país son parte del andamiaje para nuestra soberanía y piedras angulares de un mejor futuro económico y social en el país. Por eso es necesario tomar en cuenta todas perspectivas de análisis. Estoy claro que la decisión sobre el futuro de los hidrocarburos es una decisión soberana que debe ser tomada por todos los mexicanos, bajo las nuevas modalidades de participación que permite la Constitución, como lo es la Consulta Ciudadana. Pero para tomar buenas decisiones se requiere tomar decisiones informadas y ahí los especialistas juegan un papel relevante. En mi opinión, debemos escuchar a quienes, al margen de las preferencias políticas, conocen el escenario y el trasfondo de los energéticos, de tal manera que pueden ayudarnos a construir una visión objetiva y con todos los elementos esenciales.

Bajo esta premisa, se ha trabajado en organizar foros desde prácticamente todas las perspectivas. Se ha buscado documentar las razones para enriquecer la información disponible y discusión sustentada.

Lo que sí es importante mantener como propuesta estratégica es la conservación de los energéticos bajo dominio indiscutible de la nación. Los energéticos, en general, constituyen bienes de valor estratégico para el presente y el futuro de la especie humana. En el caso del petróleo, se trata de un material combustible, pero es también un satisfactor con distintos subproductos de alto valor en presente y en el futuro.

Sencillamente, el país que cuente con reservas petroleras adecuadas tendrá menos dificultades en las próximas décadas para su desarrollo. En el caso mexicano, es esencial conservar el dominio de la nación sobre todos los materiales energéticos, porque no se puede enajenar el futuro que debe ser también de todos los sectores sociales de la comunidad nacional.

Las decisiones que se tomen ahora y en el largo plazo, van a generar algunos problemas. En realidad, ya se han comenzado a presentar y su solución va a implicar dificultades para todos los mexicanos. Como es bien sabido, la renta petrolera cubre más de la tercera parte del presupuesto nacional y lo que se determine hacer con ella va a impactar los niveles de vida de todos los mexicanos. Ahora bien, la producción nacional de hidrocarburos ha comenzado a disminuir y es necesario tomar medidas al respecto. Es vital la modernización de Pemex y el sentido de esa modernización debe ser determinado por los mexicanos, que deberán asumir, inevitablemente, los beneficios y consecuencias que resulten.

En ese orden, como senador por Chiapas, me he sumado a la iniciativa nacional, encabezada por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para impulsar una Consulta Ciudadana para decidir qué Reforma Energética debe realizarse. Es por ello que con la participación de muchos chiapanecos comprometidos hemos iniciado desde hace algunas semanas una cruzada colectar firmas que documenten formalmente la solicitud de esa consulta ciudadana. En 20 municipios de las regiones Centro, Sierra, Costa, Soconusco, Fronteriza, Altos y Frailesca, se ha informado de manera puntual y sistemática, para que las mujeres y hombres de Chiapas participen, de manera cada vez más decisiva, en las decisiones que serán vitales para el país. Como resultado de estas acciones, realizadas entre el 5 y el 30 de octubre, se han recabado hasta la fecha más de 25 mil firmas.

Un punto adicional que debe ser requisito con o sin Reforma Energética es la transparencia en el sector. Uno de los puntos más importantes de los foros organizados por el PRD en el senado de la República fue justamente éste, el de la transparencia. 

Hay muchas dudas sobre la comercialización y se ha denunciado la falta de transparencia de organismos como Pemex Internacional. También hay oscuridades en las donaciones y en gastos tales como las relacionadas con la publicidad y las transferencias al sindicato.

Tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad, son paraestatales que generan muchas dudas. El IFAI ha recibido casi 54 mil solicitudes de información sobre la CFE y Pemex en los últimos 10 años lo que representa el 5.6 por ciento de todas las solicitudes de información que ha recibido el gobierno federal en estos años. Aquí lo destacable no es él número de solicitudes sino la importancia de la información. Pemex es la empresa número uno del país con ingresos anuales superiores a 1.6 billones de pesos y tributa la tercera parte de todos los impuestos del país. Con esa importancia no se puede ocultar información, ni mucho menos mentir.

Pero quizá lo que refleje más la opacidad y ausencia de transparencia son las respuestas de Pemex. A decir del consejero del IFAI, Ángel Trinidad Zaldívar, entre el 40 y 50 por ciento de las respuestas que da la paraestatal a quienes le solicitan informaciones: "esa información no existe". Pero cuando el solicitante se inconforma y el IFAI interviene resulta que de esos casos, entre el 40 y 45 por ciento, desmienten a Pemex y resulta que si existe. Los solicitantes de información a PEMEX que se inconforman son prácticamente el doble del promedio de los que se inconforman por las respuestas de las otras dependencias del gobierno federal.

Pemex no sólo es una empresa poco transparente en muchos rubros, sino que además ha desarrollado mecanismos para no acatar sus responsabilidades en esta materia. Eso es grave y debe cambiar.

La democracia también es transparencia en lo público. Es puntualmente, como lo afirmaba don Daniel Cosío Villegas, "hacer público lo público".

¿Tu policía está certificado?: Zoé Robledo*

Es fácil evadir nuestras responsabilidades, pero no podemos evadir las consecuencias que nos acarrean".

JoshiahStamp

La cita viene a cuenta para referirme en esta oportunidad a la propuesta que en el Senado de la República se aprobó en días pasados y que se refiere a dar un nuevo plazo, un tercer plazo, para que los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el país puedan obtener la certificación por parte de los Centros de Evaluación y Control de Confianza.

Al dar un nuevo plazo se evita que el personal no certificado fuera separado del servicio, en pocas palabras sea dado de baja, ya que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que una vez agotado el plazo para la certificación, los elementos que no hayan obtenido su certificación automáticamente serán separados del servicio activo, con las consecuencias laborales, sociales y de seguridad que ello implica.

La disposición de certificar al personal de las instituciones federales, estatales y municipales establecida en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública data de enero de 2009 y tenía como plazo original para su cumplirse el 3 de enero de 2013, plazo que se prorrogó en diciembre de 2012 por diez meses más, por la actual Legislatura del Congreso Federal, cuando el actual gobierno federal, los estados y los municipios vieron que era materialmente imposible cumplirlo.

Y ahora, nuevamente se solicita prorrogar el cumplimiento de esta disposición por un año más.

Senadores de la Comisión de Seguridad Pública, gobernadores y presidentes municipales comentaron que no prorrogar el plazo traerá consecuencias serias ya que al 30 de junio de este año sólo se había certificado al 63 por ciento de los elementos estatales y municipales. Es decir, si no se prorroga el plazo podrían ir a la calle, sin trabajo cerca de 190 mil elementos en todo el país, con los costos sociales, económicos, políticos y sobre todo con costo a la mermada seguridad que muchos mexicanos padecen.

La pregunta obligada sería ¿a qué se irían a dedicar 190 mil exmiembros de las corporaciones de seguridad 

en todo el país, que se van a la calle de un día para otro?

La respuesta no es difícil adivinarla. Por eso estuve de acuerdo en prorrogar el plazo porque no hacerlo tiene consecuencias y graves.

Pero el haber apoyado esta medida no quiere decir que esté de acuerdo con que se incumplan plazos y disposiciones establecidas en la ley. Algo sin duda está fallando para que se tenga que otorgar una prórroga tras otra a un sistema de certificación que está diseñado para darle más seguridad y certidumbre a los mexicanos. O no se previeron adecuadamente los plazos, ya sea técnica o presupuestalmente o hay estados y municipios que no han asumido con seriedad este compromiso.

Sea cual sea la razón algo y alguien está fallando y eso en materia de seguridad pública no puede pasarse por alto. Las instituciones de seguridad pública en el país tienen una deuda con los ciudadanos pues a pesar de los presupuestos crecientes de los últimos años en este rubro, la seguridad pública dista mucho de estar a la altura de las necesidades de la sociedad en muchas regiones del país.

La certificación de miembros de las instituciones de seguridad está diseñada como un medio a favor de los mexicanos, para garantizarles que quienes están al cargo de su cuidado y protección son personas confiables, profesionales, garantes de la seguridad y del respeto a los derechos humanos, y en eso, se está fallando, no se está cumpliendo con esa parte a los mexicanos y eso, eso también tiene consecuencias.

Después de casi cuatro años, como en México no hemos podido darle esa mínima garantía a los mexicanos: saber que sus policías están certificados Probablemente la certificación no sea en sí una garantía absoluta, pero no podemos soslayarla ni negar que es un paso adelante.

Hoy que tanto se ha hecho referencia y exaltado el valor de la evaluación, en donde se ha insistido de su necesidad y sus bondades en otros ámbitos, ahora, en uno de los temas más sensibles y preocupantes para la sociedad, como la seguridad pública, se extienden plazos como si la evaluación no tuviera virtudes. No resulta para nada congruente el mensaje que se envía al diferir las evaluaciones para que no pierdan su empleo servidores públicos.

Hoy, si bien es necesario prorrogar este plazo, también es necesario darle una explicación detallada a los mexicanos de por qué no se está cumpliendo. Es necesario que los estados y municipios den una explicación de qué está sucediendo, por qué no se están cumpliendo los plazos de certificación y se transparenten los avances obtenidos.

Cuando un estudiante no entrega a tiempo sus trabajos escolares o cuando un mexicano que trabaja no cumple en tiempo con la labor que se le ha encomendado, lo menos que puede ofrecer es una explicación y esa explicación no necesariamente lo va a relevar de una eventual sanción, de ser reprendido, reprobado o bien de perder el empleo. Lo que sí queda, a pesar de la explicación, es una mayor desconfianza, descrédito y escepticismo hacia quien no cumple.

Hoy, se le debe esa explicación a los mexicanos y eventualmente tendría que señalarse qué y quién está fallando. Los legisladores que aprueban plazos material y humanamente imposibles de cumplir o las instancias responsables de la certificación que no han atendido con la suficiente atingencia un mandato de la ley.

El gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales deben dejar en claro las respuestas a estas interrogantes: ¿No era suficiente el plazo fijado en 2009? ¿No era suficiente el plazo prorrogado en diciembre de 2012? ¿Es suficiente este plazo que ahora se aprueba de un año más?

Por el bien de los mexicanos y con el propósito de contribuir a recuperar la tranquilidad de los ciudadanos a lo largo y ancho del país con policías más confiables y mejores niveles de seguridad pública, se debe asumir ésta como la última prórroga para certificar a los miembros de las corporaciones policiales.

La sociedad en materia de seguridad exige resultados y una prórroga por más razones que se tengan para ella, no es el resultado que espera.

                                                                                                                            

*Senador por Chiapas. Partido de la Revolución Democrática.

Impuestos: la transparencia obligada: Zoé Robledo*

Muchos libros tradicionales de  historia se parecen a algunas películas de diversos tiempos. En el cine se ve a caballeros bien vestidos, damas excelentemente ajuareadas, automóviles deslumbrantes y, sobre todo, gobernantes poderosos.  Los hombres o damas del gobierno, así sean reyes,  visires, sultanes, primeros ministros o presidentes, emprenden guerras o carreras espaciales, o asignan recursos para obras de distinto tamaño.  A veces combaten el hambre, la injusticia o promueven la ciencia y la cultura.

Con frecuencia, viajan de un continente a otro; disfrutan o sufren la vida y distribuyen dinero a manos llenas. Tanto los libros de historia —o de crónica o de simples recuentos de frivolidades— así como las películas, en su mayoría, pasan por alto un asunto: ¿De dónde viene el dinero que los caballeros o damas gastan tan abundantemente? ¿De dónde viene el dinero para las guerras o para atender los caprichos de las señoras encopetadas y los gobernantes poderosos? ¿Quién paga las cuentas de afamados agentes secretos como James Bond en los casinos de la Costa Azul francesa?  Las preguntas abundan.

        

Por supuesto, a lo largo de la historia, ha habido cuatro formas tradicionales de obtener dinero para los países: cobrando tributos a los pueblos vencidos; fabricando dinero en cantidades industriales; asumiendo deudas y cobrando impuestos a los ciudadanos de la  nación.

Hoy, las condiciones han cambiado, ya casi no hay países que paguen tributos; tampoco se puede fabricar dinero sin respaldo, porque ya se conocen los resultados catastróficos de esta práctica. Los empréstitos pueden funcionar relativamente bien si se usan para actividades que generen nuevos ingresos, o bien hasta que…hay que pagar. Por eso, se ha recurrido a cobrar impuestos.

Los impuestos  por parte de los gobiernos autoritarios, no se ponen a consideración de los ciudadanos, ni son proporcionales ni justos, son sencillamente, como su nombre lo indica, impuestos.

        

Si hubiese necesidad de recordar a los clásicos de la política, los ciudadanos cedieron parte de su libertad al Estado y también, en un contrato tácito, contrajeron la obligación de sostenerlo económicamente. El gobierno, que debe encargarse de los servicios públicos: desde la defensa del país hasta la limpieza de las ciudades, requiere de recursos económicos inmediatos y suficientes.  Los ciudadanos, que ya contrajeron la obligación, deben construir (aún cuando sea doloroso o, por lo menos, poco atractivo) una cultura del pago obligatorio y continuo.

        

En los países democráticos o en transición hacia la democracia el gobierno no puede imponer las contribuciones de manera unilateral; sino que debe tomar en cuenta las condiciones reales de la economía nacional y de los distintos sectores que conforman la comunidad en el país. En contraparte, la población debe pagar, aunque ese pago implique un sacrificio. Al final, no existe ningún país o comunidad nacional que no cobre impuestos, aún cuando las dimensiones sean diferentes. Hay “paraísos fiscales”, pero su existencia es excepcional y, con frecuencia, vecina del delito internacional.

        

En el caso mexicano, el paternalismo gubernamental, los privilegios a grupos o sectores, el costo político de crear y cobrar impuestos y la muchas veces  ineficiente y hasta corrupta forma de administrar los recursos públicos, desalienta y distorsiona las contribuciones fiscales.  Nadie tiene incentivos para contribuir si se mal usa o se roban lo recaudado.

Los impuestos, hay que aceptarlo, son necesarios. Pero aceptar la obligación de pagar impuestos implica también asumir derechos. Derecho a saber cómo y en qué se gastan las contribuciones, a servicios públicos de calidad, a exigir el uso eficiente y honesto de lo aportado por todos.

En los próximos días habrá de discutirse en el Congreso Federal la llamada Reforma Hacendaria, que intenta recaudar más recursos para el Gobierno Federal, ajustando impuestos y tarifas públicas. Esta Reforma tiene aspectos positivos como gravar más a quienes más tienen y eliminar privilegios fiscales a las grandes empresas; pero también tiene propuestas inaceptables como subir el IVA en la franja fronteriza, norte y sur, cobrar impuestos a la vivienda y a las colegiaturas. Esta Reforma habrá de analizarse detalladamente y evaluar su pertinencia caso por caso, propuesta por propuesta.

Si el gobierno está pensando en subir impuestos debe de entrada, asumir un compromiso con la transparencia y con proveer mejores servicios. Solo así podrá, en parte, convencer a los contribuyentes para que  hagan más sacrificios Las cuentas claras no solo conducen a amistades largas, sino también a una relación más sana de derechos y obligaciones entre gobernados y gobernantes, en suma, a una mejor democracia. 

Bibliografía

Leo Huberman. Los bienes terrenales del hombre. México. Editorial Nuestro Tiempo. 1972. En este texto se describen algunas peripecies del Estado y la ciudadanía en los inicios de la historia del capitalismo.  Es decir, de la historia de la economía en el mundo occidental.

* El autor es Senador por Chiapas por el PRD.

LIBRES POR LA PALABRA…¿LIBERTINA?

Zoé Robledo*

8 de octubre de 2013

El 7 de octubre del fatídico 1913, fue cobardemente asesinado don Belisario Domínguez y, desde entonces, el médico de Comitán pasó a ser un referente sobre la palabra como instrumento de la libertad.  Sencillamente, no se puede ser libre si no hay posibilidades de expresarse. La libertad de expresión es inherente a la posibilidad del ser humano de alcanzar la independencia en todo el sentido de la palabra. Las voces apresadas apresan al hombre en el sentido de especie.

        

Como es bien sabido, aún cuando con frecuencia se pasa por alto, don Belisario Domínguez fue un mártir de la libertad total; es decir, ofrendó su vida en el altar de una Patria libre. De una Nación libre de la dictadura del usurpador Victoriano Huerta. Sin embargo, el mejor homenaje que podemos hacer al mártir nacido en Comitán es reflexionar sobre el tema esencial que determinó el sacrificio del Senador chiapaneco. Necesitamos pensar la libertad y, sobre todo, examinar todo lo que se relaciona con dejar las palabras en libertad.

        

Don Belisario Domínguez, al hablar ante el Senado de la República sabía bien a qué debería atenerse. Sabía que el vesánico Victoriano Huerta no tardaría en reaccionar y que su discurso acusatorio era una copia manual de su sentencia de muerte. Por eso se despidió de su hijo Ricardo y le previno sobre lo difícil que era vivir en una dictadura y comportarse –definitivamente ser, un hombre libre- de manera adecuada. El mensaje al joven Ricardo, fue un aviso para los mexicanos de tiempos posteriores.

        

Sin embargo, ese aviso puede leerse de diferentes maneras. Don Belisario conocía los alcances de la dictadura y, en ese orden, sabía que su vida estaba en riesgo inminente. Seguramente sabía que el peligro era parte de la vida y, sobre todo, de la vida que se relaciona con la Patria; que es el lugar en donde se ha nacido y que genera los sentimientos de sacrificio y entrega sin regateos.  Sin embargo, el gran legado de don Belisario Domínguez requiere de otras reflexiones. 

        

En su periódico “El Vate”, hace valer el poco margen que había para opinar en el estado de Chiapas y específicamente en Comitán. Se ocupa de varios temas, desde las corridas de toros a las cuales considera un tema de reflexión, aunque no las condena de manera explícita; hasta la obligación de los estudiantes de estar atentos a los problemas sociales.  De manera enfática se refiere a las relaciones injustas entre la federación y nuestra entidad federativa. Don Belisario aprovecha su fuerte autoridad moral para abrir un espacio de libertades, aún cuando fueran relativas a un pequeño periódico de provincia.

El aniversario número cien de la muerte del Senador Chiapaneco por excelencia, debe llevarnos a pensar  distintos temas y uno es precisamente el de la libertad de expresión, derecho que la sociedad mexicana ha conquistado tras largos y complicados esfuerzos.  Sin embargo esta libertad esta permanentemente amenazada, no solamente por los actores interesados en el silencio; sino también por quienes la han convertido en un instrumento ominoso y que cada vez tienen una mayor presencia con los avances de la tecnología.

Hay un lugar común muy común: el afirmar que es preferible el libertinaje que la represión a la libertad de expresarse.  Es cierto, pero es aceptar un mal, un mal menor si se quiere, entre los peores, pero al fin un mal.  La libertad de expresión, como lo afirmara el Dr. Jorge Carpizo, no puede entenderse como libertad de calumnia, ni como libertad de falsear, ni como libertad de deshonrar. La libertad de expresión también exige un imperativo ético.

Da para la reflexión el que en algunos medios o a través de las redes sociales al amparo de la libertad de expresión se falte a la verdad dolosamente, creando alarma social o  se intenten construir descréditos, y en donde el anonimato prospere cuando la expresión de la plaza pública del siglo XXI garantizan una mayor visibilidad y alcance en cada voz que se expresa.

De ninguna manera propongo una regulación legal o normativa sobre los medios que hoy nos dan voz de manera sencilla y accesible. Lo que hace falta es construir ciudadanía. Ciudadanía como la que ejemplifica Belisario Domínguez en donde a pesar de los riesgos utilizó su libertad para la denuncia, para revelar al poder ominoso y tirano.

Para que la libertad permanezca es necesario fortalecerla y esa energía se obtiene del uso responsable. Si la libertad sirve para calumniar se debilita y, lo que es grave, el uso de la palabra libertina se convierte en una convocatoria a la represión, se convierte en una invitación a limitar la propia libertad.

La libertad de expresión fue el arma de Belisario Domínguez contra el autoritarismo. Bienvenida la denuncia contra éste, el que se ejerce desde el poder público o desde poder fáctico. Pero como bien refiere José Woldenberg hay quienes errónea o dolosamente quieren equiparar a cada autoridad, aun las democráticas y legítimamente constituidas, con una instancia autoritaria.

* El autor es Senador por Chiapas por el PRD y Secretario de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez.

Zoé Robledo: Tragedia y legado de don Belisario

El 7 de octubre de 1913, a las 11:30 de la noche, se inició un acto más de la tragedia mexicana. Agentes de la policía "reservada" un cuerpo de la dictadura de Victoriano Huerta cuya especialidad era la persecución y eliminación de los enemigos del gobierno usurpador detuvieron al senador Belisario Domínguez Palencia. Los sicarios lo condujeron al panteón de Coyoacán y ahí lo asesinaron a balazos. El crimen contra el legislador generó múltiples protestas en el Senado de la República y, por eso mismo, el día 10 del mismo mes; Huerta disolvió el Congreso federal y muchos congresistas fueron detenidos.

El argumento para disolver el Congreso fue que este poder se había extralimitado en sus atribuciones, abarcando incluso algunas que por ley le correspondían al Poder Judicial y al Ejecutivo. En la lógica del dictador, en el Congreso no había buenas intenciones, ni un proyecto nacional, ni un caudillo con la capacidad, la entereza y la honradez para dirigir el destino del país. Por eso mismo, el Congreso debía disolverse y realizar nuevas elecciones legislativas. La disolución del Poder Legislativo era según el gobierno dictatorial con la única finalidad de proteger a la nación y para el mantenimiento del régimen "constitucional" que encabezaba Huerta.

El gobierno de Huerta permaneció y sus crímenes, en términos judiciales, quedaron impunes ¿Don Belisario Domínguez ofrendó su vida sólo en el altar del honor y de la dignidad

No.

Si bien se puede pensar que la disolución del Congreso, dadas las circunstancias de un país gobernado por asesinos, fue poco enérgica; el hecho dejó al dictador políticamente menos acompañado. Sobre todo porque el Poder Judicial tenía una presencia discreta y no constituía un factor de legitimidad. Al desaparecer las dos Cámaras, la oposición tuvo mayores argumentos y la disidencia comenzó a crecer. Inclusive, y ese es un asunto con mayores puntos oscuros, el Ejército comenzó a dividirse.

La muerte de Madero, Pino Suárez, Belisario Domínguez y muchos mexicanos más, fue un elemento que disminuyó la ya de por sí baja legitimidad de la dictadura. En el interior del país la oposición se hizo más compacta y se orientó hacia las modalidades militares. El rechazo al gobierno usurpador fue el eje definitivo en la formación de columnas armadas en las entidades federativas estratégicas de entonces. También hubo una lección que los revolucionarios constitucionalistas aprendieron muy bien: al enemigo había que exterminarlo militarmente y destruir todos sus sustentos civiles. Se comprobó, en los hechos, que la prudencia de Madero no era el camino adecuado en las nuevas circunstancias.

Dicho de otra manera, la muerte del senador chiapaneco generó una ruptura y con ello se derrumbaron las posibilidades de una alianza de los legisladores huertistas con el Ejecutivo. El Congreso era un lugar apropiado para mantener la interlocución entre la dictadura y las fuerzas políticas de las entidades federativas. Esta posibilidad se diluyó abruptamente.

Hacia el exterior, las fuerzas filibusteras no tuvieron ya mayores argumentos para legitimar la dictadura huertista. Incluso, el gobierno norteamericano en cuya embajada se pactó la caída de Madero se vio obligado a finalizar el apoyo, tácito o explícito, a Huerta. Las voces que en Inglaterra y Alemania se referían a la necesidad de intervenir en México para terminar con la anarquía de pronto se vieron disminuidas.

En Comitán, Chiapas, la noticia fue conocida el 15 de octubre. El ayuntamiento de ese municipio sesionó en forma extraordinaria y resolvió unirse al sentir popular. Don Belisario Domínguez era una persona muy conocida y estimada en su pueblo natal, por su naturaleza humanista y sus aportes cotidianos para aliviar el dolor de sus coterráneos. El ayuntamiento de Comitán decretó tres días de duelo y declaró hijo predilecto de la ciudad al senador.

Hablar de Belisario Domínguez es hacer referencia a la varonía en el sentido moral del término. Su legado tiene que ver con levantar la voz cuando el silencio se generaliza y se impone por el temor o la conveniencia. Su gesta heroica fue un llamado a recuperar dignidades que ya no se percibían. La soledad de su sacrificio fue momentánea, porque resurgió el compromiso con las grandes causas nacionales. Don Belisario no llegó al Senado con intenciones suicidas, pero sí con la certeza de que la verdad tenía sus riesgos. Don Belisario no esperaba que el Senado liberara a la patria del dictador, pero sí que se liberara la palabra.

La obligación de informar en democracia: Zoé Robledo

ZOÉ ROBLEDO*


Desde una perspectiva digamos teórica o académica, la democracia es una forma de gobierno que se relaciona con la emisión de votos que definen la designación de gobernantes y representantes en el poder legislativo. Para que se llame verdaderamente democracia debe haber el derecho al voto universal, es decir todo ciudadano que la ley reconoce puede votar y ser votado; debe ser equitativo, donde un voto tiene el mismo peso específico que otro; y libre, lo que implica que el voto se emite por los dictados de la conciencia y voluntad de cada individuo y por nadie ni nada más. Los procesos electorales deben darse adicionalmente en tiempos definidos y repetirse sin excepción.

El modelo de democracia que surge de este proceso es de naturaleza representativa, en donde los gobernantes y representantes electos son depositarios de los mejores intereses de los ciudadanos y tiene entre otros propósitos, dar cauce a las discrepancias al interior de una sociedad a términos aceptados por todos.

El reto de toda sociedad está en cómo desarrollar más y mejores procedimientos electorales que puedan servir para identificar y reconocer las preferencias sociales sin perder eficacia ni legitimidad. Resulta no sólo deseable sino indispensable que cada vez se desarrollen más recursos para la participación política de los ciudadanos, más allá de las elecciones. De esta manera, los resultados no sólo serán democráticos en su origen o procedimiento sino democráticos en su parte sustantiva al otorgar un mayor peso específico a las decisiones tomadas de esta manera.

Por eso, ha sido una insistente demanda, particularmente de los representantes de la izquierda en México, crear mecanismos políticos como el plebiscito o la consulta ciudadana para que precisamente los ciudadanos puedan emitir mandatos claros a sus gobernantes y representantes. Con mecanismos de esta naturaleza es posible ratificar o cambiar las decisiones de las autoridades en asuntos específicos sin tener que esperar tres ó seis años para rotar a nuestros representantes designados.

En este sentido, además de ser mecanismos de participación política, el referéndum o el plebiscito son mecanismos de evaluación ciudadana, valiosos en sí mismos, si consideramos a la democracia no sólo un régimen jurídico, sino una forma de vida, tal y como lo establece nuestra Constitución.

En esos términos, es importante que las instancias de gobierno y de representatividad deban rendir cuentas. Cuentas claras, a través de los múltiples medios hoy al alcance de gran parte de los ciudadanos. Informes por escrito, documentos, reportes en internet, difusión de trabajos a través de las redes sociales, sin olvidar el contacto directo con los ciudadanos, todo con la sobriedad y seriedad republicana que el propio acto de rendir cuentas encarna.

Sin embargo, nuestra legislación electoral a partir de 2007, al limitar la exposición pública de funcionarios, gobernantes y legisladores, ha generado incentivos no deseados que fomentan la notoriedad aunque sea de corta duración, más que la transparencia y responsabilidad a la que se aspiraba en un primer momento. La libertad de expresión se ha vuelto el velo en el que se envuelve cualquier acto político que involucre la exposición pública de las ideas e incluso los informes gubernamentales y legislativos se han alejado de su esencia, para dar paso en muchas ocasiones a verdaderos actos de propaganda, importando poco si se está o no construyendo una sociedad más libre, más justa y más próspera desde el puesto público que se ocupa.

Informar y rendir cuentas forma parte de la acción misma de gobernar, informar bien es una obligación de un buen gobierno. Es más, la transparencia es parte obligatoria de todo buen gobierno. La información debe ser clara, abierta, suficiente y comprobable.

Bienvenida la transparencia y la rendición de cuentas que fortalece, desde cualquier punto de vista, a la democracia. Bienvenido el trabajo eficaz y oportuno que merece ser dado a conocer a los ciudadanos.

Bienvenida también la superación de las prácticas políticas de antaño: el paso de la política de aclamaciones construidas de manera artificial y de las concentraciones gravosas. La evolución política en México debe continuar para bien de todos.



*El autor es senador por Chiapas,  del Grupo Parlamentario del PRD.

La nación toma la palabra

Cuando se escucha a los ciudadanos se toman buenas decisiones. En Chiapas lo sabemos bien. El 14 de septiembre de 1824 los chiapanecos de entonces hicieron valer su voluntad mayoritaria y, a través de un plebiscito, decidieron libremente ser mexicanos. Eran momentos complejos, pero estoy cierto que haber consultado a los ciudadanos fue la mejor forma de tomar una decisión histórica; valorando el sentimiento y la inteligencia colectiva.

La referencia cabe cuando se discuten distintas propuestas de reforma energética. El tema es de trascendencia nacional, pues no solo toca fibras sensibles del nacionalismo para los mexicanos, sino que de ellas depende ampliar las bases para nuestro desarrollo, elementos comunes a los que estaban en juego en Chiapas hace 189 años.

México se encuentra ante diversas propuestas para maximizar los beneficios que obtiene de su industria petrolera. Al reto de decidir sobre las propuestas de transformación se suma hoy un nuevo desafío: con qué método lo vamos a decidir.

           

Elegir el método no debe verse como un desafío técnico sino como un problema democrático y los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia.

La reforma energética encierra muchos aspectos en los que, sin duda, los expertos podrán aportar elementos de detalle, pero la gran decisión es fundamentalmente política, de prospectiva, de futuro, por lo que atañe a todos los mexicanos.

No puede sustituirse la voz y el mandato del pueblo de México por la opinión de media centena de especialistas, por destacados que sean. El petróleo, se nos ha dicho históricamente, es de los mexicanos y por tanto deben ser los mexicanos quienes hablen, a quienes se escuche, quienes se expresen en torno a lo que quieren y esperan de uno de sus principales recursos naturales.

Podrá decirse que el pueblo de México está representado por los diputados y senadores. Es cierto. Pero la misma Constitución, en su artículo 35, ya otorga el derecho a los ciudadanos de participar en las decisiones públicas en los temas de trascendencia nacional. Las consultas ciudadanas son ya parte de nuestros derechos. ¿Qué tema más trascendente hay actualmente en la agenda pública que la reforma energética

La mejor solución para el debate y la polarización que la reforma energética refleja es una consulta ciudadana, por ser una respuesta democrática. Adicionalmente una consulta nos ayudaría a solventar una disyuntiva inocultable. La opinión pública sobre la participación de mayor inversión privada en Pemex va en un sentido: no aceptarla. Así lo demuestra un avasallador número de encuestas durante los últimos diez años. Mientras que las mayorías legislativas que se pueden construir en el Congreso, como la suma del PRI y el PAN, van en sentido opuesto, es decir, abrir a más capital privado nuestra industria petrolera. La opinión pública frente a la representación popular se encuentra dividida.

Esta consulta debe además realizarse a la brevedad, no sólo por ser una práctica democrática, sino también para dar certidumbre a las inversiones que se pretende atraer. Si hoy se hace una reforma y se acuerda realizar una consulta en fecha próxima, digamos en 2015, no habrá una sola empresa que se sienta segura de invertir, ya que las reglas de hoy podrán revertirse mañana.

Quienes descalifican este ejercicio o señalan a los mexicanos como incompetentes para tomar esta decisión, dejan translucir su esencia antidemocrática y su desprecio a los ciudadanos pues, parafraseando a Benjamín Constant, asumen que éstos solo son sabios e infalibles cuando elijen a sus representantes para un momento después caer en la ceguera y la ignorancia.

En estas páginas un legislador ha expresado que al convocar el Poder Legislativo a foros de debate en torno al tema energético, y abiertas las puertas del Senado, "la nación tiene la palabra". Un propósito loable al que por desgracia no se le ha dado contenido.

Si queremos que la nación tenga la palabra habrá que recordar que son las elecciones y las consultas ciudadanas los mecanismos constitucionales con que cuenta el pueblo para transferir sus mandatos. Organizar foros y consultar expertos es una tarea útil, necesaria pero sería un error aceptar ese mecanismo como sinónimo de la voluntad popular.

México ha cambiado a pesar de las resistencias. Hoy están abiertas nuevas puertas a la participación y a la decisión colectiva.

Que nadie tema a la decisión de los mexicanos.

Que la nación tome la palabra. Que se consulte a sus ciudadanos.

El autor es senador del PRD por Chiapas